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De las 3.7 millones de personas que habitan Berlín, más del 85 % no son propietarias del piso en el que viven. Si a este dato se agrega el aumento sostenido de las rentas en casi 43 % durante el último lustro y el desempleo tras la pandemia, el resultado es una crisis inmobiliaria que afecta al grueso de quienes viven, trabajan y estudian en la capital alemana.
La situación se repite en la mayoría de las grandes ciudades del mundo: alquileres impagables que pulverizan los ingresos y obligan a adoptar esquemas de vivienda compartida, barrios que expulsan a sus habitantes originales encareciendo los precios y rentas prohibitivas, únicamente al alcance de unos pocos.
La situación límite ha orillado a grupos de activistas berlineses a plantear la expropiación de cientos de miles de pisos de la capital en manos de empresas y particulares que especulan con el precio de un derecho humano básico; una iniciativa que resulta tan necesaria para los de a pie, como inaceptable para las leyes que rigen el mercado.
Tras años de organización y protestas, la propuesta será parte de un referéndum histórico que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre, de la mano de las elecciones federales alemanas y cuyo resultado decidirá el rumbo de la crisis inmobiliaria.
El referéndum abrirá la pregunta a los ciudadanos berlineses, planteando la expropiación por parte del Estado de las propiedades de aquellas empresas o particulares que poseen más de 3,000 viviendas o más en la ciudad.
El objetivo de la iniciativa es arrebatar miles de viviendas a las grandes empresas que poseen un papel preponderante en los pisos de Berlín. El mejor ejemplo es Deutsche Wohnen, una firma inmobiliaria alemana que según Deutsche Welle, posee alrededor de 113 mil viviendas en la capital alemana.
En abril de 2021, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania frenó la iniciativa Mietendeckel, una ley que pretendía establecer un tope al precio de la renta de vivienda y congelar su aumento en consonancia con la inflación; sin embargo, con la oferta de pisos controlada en su mayoría por grandes empresas, los aumentos desproporcionados en las rentas han hecho de Berlín una ciudad hostil para los que menos tienen.
Si bien la ley no establece vínculo obligatorio entre el resultado de la consulta y el quehacer legislativo, la popularidad de la iniciativa (que se elevó a referéndum gracias a poco más de 180,000 firmas) avivará un debate necesario y vilipendiado por una minoría, cuyos intereses se alinean con el mercado inmobiliario y la especulación constante.
En caso de que gane el sí, más de 200,000 viviendas actualmente en manos de inmobiliarias privadas podrían ser expropiadas por el gobierno estatal (previa elaboración y aprobación de una ley), una preocupación creciente en el puñado de empresas que controlan los pisos en Berlín, que llaman a apegarse a la ley y respetar la propiedad para evitarla.
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